09.04.08 -
MANUEL FERNÁNDEZ CRUZ
LA sociedad española ha manifestado reiteradamente la necesidad de consensuar la política educativa mediante la firma de un Pacto Educativo de Estado que comprometa a los sucesivos gobiernos a asegurar la estabilidad necesaria del Sistema Educativo. No sólo los partidos políticos, sino que también las asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones empresariales, otros colectivos docentes y expertos nacionales e internacionales también han reclamado un amplio consenso en materia educativa para España. Y en esta nueva legislatura, que ahora comienza, parecen darse las condiciones para alcanzar ese gran consenso en materia educativa que reclamamos.
Desde mi perspectiva, el consenso, deberá realizarse en torno a los siguientes asuntos clave de la política educativa: estabilidad normativa; aumento del gasto; mejora del rendimiento, cohesión territorial, garantía de calidad y equidad, dignificación de la función docente y apoyo social a la escuela.
El Sistema Educativo Español precisa de una estabilidad normativa que alcance otras cuatro legislaturas sin cambios en las Leyes Orgánicas de garantía del derecho a la educación (LODE) y de ordenación general del Sistema (LOE) Estas leyes deben permanecer en vigor para asegurar el marco normativo estable que la educación requiere para el logro de los fines generales propuestos en sus preámbulos y articulado. Los cambios que sean necesarios en la reglamentación que desarrolla ambas leyes para su adaptación a las nuevas necesidades que se planteen en el futuro, deberán ser necesariamente pactados.
Pese a haber aumentado en términos absolutos en la última década, el gasto educativo en España ha descendido en relación al Producto Interior Bruto, alejándose de la media de la OCDE y de la UE, de manera que, en la actualidad, no se corresponde con el nivel de riqueza relativa de que goza nuestro país. España debe alcanzar en dos legislaturas el nivel de 6% del PIB en gasto educativo. Este incremento debe asegurar la gratuidad total de la educación de 0 a 18 años.
España debe comprometerse en el plazo tres legislaturas a: situar en la media de la OCDE sus resultados en las evaluaciones internacionales de rendimiento escolar (informes PISA y similares) con planes específicos de mejora de la enseñanza de las materias instrumentales (lenguas y matemáticas) y del área científico-tecnológica en educación primaria y secundaria obligatoria; elevar al 70% el nivel de población que cursa estudios post-obligatorios (que sería el 80% entre menores de 34 años); e incrementar el porcentaje de estudiantes que siguen estudios de formación profesional (que ahora son un 36% del total que continúan estudios postobligatorios) hasta alcanzar la media de la UE (55%).
El Sistema Educativo debe ser garantía de la cohesión territorial del Estado de tal manera que asegure la movilidad geográfica y la igualdad efectiva de oportunidades a todos los españoles, ciudadanos europeos y de terceros países con independencia del lugar en que fijen su residencia. Las enseñanzas mínimas ofrecidas por los centros escolares de todo el estado deben garantizar movilidad y cohesión. Al Estado le corresponde, además, realizar una política de compensación de medios y recursos en las zonas más necesitadas y la garantía progresiva de desarrollo de las oportunidades educativas en áreas rurales mediante planes específicos de apoyo a la escuela rural y acercamiento de recursos formativos al hogar del ciudadano. Será necesario, además, un Pacto Local para la implicación de los municipios en la mejora de la educación con la atribución de nuevas responsabilidades en la oferta de actividades educativas complementarias en los recintos escolares durante todo el año.
La calidad y equidad del Sistema Educativo no han de ser finalidades alternativas sino complementarias. No hay calidad en un sistema que no es equitativo, ni equidad deseable que renuncie a la mayor calidad. La Educación primaria y, especialmente, la Educación Secundaria Obligatoria deberán dotarse de la flexibilidad organizativa necesaria y los recursos y personal suficiente para facilitar a todos los alumnos el logro de las competencias que garantizan la consecución del capital cultural, social y humano que como ciudadanos les corresponde y que la UE ha centrado en ocho competencias clave. El Sistema Educativo debe atender con recursos materiales y humanos específicos a los alumnos que pertenecen a grupos de alto riesgo de exclusión social. Las tasas de abandono y fracaso escolar deben disminuir hasta igualarse en el plazo de doce años a la media de la UE.
La dignificación de la función docente permitirá atraer a la profesión en la próxima década a jóvenes que presenten el perfil profesional más deseable. Habrá de reformarse el sistema de acceso a la función pública docente de manera que garantice la selección de quiénes mejores competencias profesionales hayan alcanzado durante su formación inicial. Para hacer más atractiva la función docente es necesario garantizar la recuperación del poder adquisitivo del salario perdido en los últimos diez años con subidas superiores al incremento del IPC y cláusulas de revisión salarial; la formación específica e inclusión de incentivos económicos para el desarrollo de la función tutorial; y el fortalecimiento de atribuciones disciplinarias y apoyo jurídico al profesorado. Además, la dotación de plantillas en los centros en función de las necesidades reales de atención a la diversidad y el cubrimiento efectivo de bajas por enfermedad, debe comprometerse para asegurar un clima adecuado de trabajo docente.
Las administraciones educativas han de extender y generalizar la cultura de evaluación y mejora del Sistema Educativo en su conjunto, de los centros y del profesorado. La rendición de cuentas es la base para la extensión del Pacto Educativo de Estado a la sociedad entera, sus instituciones, los agentes económicos y sociales y los medios de comunicación. Se debe buscar la coordinación de esfuerzos para la integración de la educación formal, no formal e informal en los fines generales que pretende un Pacto Educativo y la complicidad en la mejora de la proyección social de la educación, de la escuela y del profesorado. Volver a ganar, en definitiva, el apoyo social a la escuela sin el cuál la mejor educación no es posible.
Desde mi perspectiva, el consenso, deberá realizarse en torno a los siguientes asuntos clave de la política educativa: estabilidad normativa; aumento del gasto; mejora del rendimiento, cohesión territorial, garantía de calidad y equidad, dignificación de la función docente y apoyo social a la escuela.
El Sistema Educativo Español precisa de una estabilidad normativa que alcance otras cuatro legislaturas sin cambios en las Leyes Orgánicas de garantía del derecho a la educación (LODE) y de ordenación general del Sistema (LOE) Estas leyes deben permanecer en vigor para asegurar el marco normativo estable que la educación requiere para el logro de los fines generales propuestos en sus preámbulos y articulado. Los cambios que sean necesarios en la reglamentación que desarrolla ambas leyes para su adaptación a las nuevas necesidades que se planteen en el futuro, deberán ser necesariamente pactados.
Pese a haber aumentado en términos absolutos en la última década, el gasto educativo en España ha descendido en relación al Producto Interior Bruto, alejándose de la media de la OCDE y de la UE, de manera que, en la actualidad, no se corresponde con el nivel de riqueza relativa de que goza nuestro país. España debe alcanzar en dos legislaturas el nivel de 6% del PIB en gasto educativo. Este incremento debe asegurar la gratuidad total de la educación de 0 a 18 años.
España debe comprometerse en el plazo tres legislaturas a: situar en la media de la OCDE sus resultados en las evaluaciones internacionales de rendimiento escolar (informes PISA y similares) con planes específicos de mejora de la enseñanza de las materias instrumentales (lenguas y matemáticas) y del área científico-tecnológica en educación primaria y secundaria obligatoria; elevar al 70% el nivel de población que cursa estudios post-obligatorios (que sería el 80% entre menores de 34 años); e incrementar el porcentaje de estudiantes que siguen estudios de formación profesional (que ahora son un 36% del total que continúan estudios postobligatorios) hasta alcanzar la media de la UE (55%).
El Sistema Educativo debe ser garantía de la cohesión territorial del Estado de tal manera que asegure la movilidad geográfica y la igualdad efectiva de oportunidades a todos los españoles, ciudadanos europeos y de terceros países con independencia del lugar en que fijen su residencia. Las enseñanzas mínimas ofrecidas por los centros escolares de todo el estado deben garantizar movilidad y cohesión. Al Estado le corresponde, además, realizar una política de compensación de medios y recursos en las zonas más necesitadas y la garantía progresiva de desarrollo de las oportunidades educativas en áreas rurales mediante planes específicos de apoyo a la escuela rural y acercamiento de recursos formativos al hogar del ciudadano. Será necesario, además, un Pacto Local para la implicación de los municipios en la mejora de la educación con la atribución de nuevas responsabilidades en la oferta de actividades educativas complementarias en los recintos escolares durante todo el año.
La calidad y equidad del Sistema Educativo no han de ser finalidades alternativas sino complementarias. No hay calidad en un sistema que no es equitativo, ni equidad deseable que renuncie a la mayor calidad. La Educación primaria y, especialmente, la Educación Secundaria Obligatoria deberán dotarse de la flexibilidad organizativa necesaria y los recursos y personal suficiente para facilitar a todos los alumnos el logro de las competencias que garantizan la consecución del capital cultural, social y humano que como ciudadanos les corresponde y que la UE ha centrado en ocho competencias clave. El Sistema Educativo debe atender con recursos materiales y humanos específicos a los alumnos que pertenecen a grupos de alto riesgo de exclusión social. Las tasas de abandono y fracaso escolar deben disminuir hasta igualarse en el plazo de doce años a la media de la UE.
La dignificación de la función docente permitirá atraer a la profesión en la próxima década a jóvenes que presenten el perfil profesional más deseable. Habrá de reformarse el sistema de acceso a la función pública docente de manera que garantice la selección de quiénes mejores competencias profesionales hayan alcanzado durante su formación inicial. Para hacer más atractiva la función docente es necesario garantizar la recuperación del poder adquisitivo del salario perdido en los últimos diez años con subidas superiores al incremento del IPC y cláusulas de revisión salarial; la formación específica e inclusión de incentivos económicos para el desarrollo de la función tutorial; y el fortalecimiento de atribuciones disciplinarias y apoyo jurídico al profesorado. Además, la dotación de plantillas en los centros en función de las necesidades reales de atención a la diversidad y el cubrimiento efectivo de bajas por enfermedad, debe comprometerse para asegurar un clima adecuado de trabajo docente.
Las administraciones educativas han de extender y generalizar la cultura de evaluación y mejora del Sistema Educativo en su conjunto, de los centros y del profesorado. La rendición de cuentas es la base para la extensión del Pacto Educativo de Estado a la sociedad entera, sus instituciones, los agentes económicos y sociales y los medios de comunicación. Se debe buscar la coordinación de esfuerzos para la integración de la educación formal, no formal e informal en los fines generales que pretende un Pacto Educativo y la complicidad en la mejora de la proyección social de la educación, de la escuela y del profesorado. Volver a ganar, en definitiva, el apoyo social a la escuela sin el cuál la mejor educación no es posible.
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