Las movilizaciones del profesorado marcan la vuelta al colegio

04.09.11 - 14:19 -

EUROPA PRESS | MADRID

Final del formulario

Sindicatos, asociaciones de padres y el ministro Gabilondo coinciden en que los recortes perjudican a la calidad de la educación

Las protestas vienen porque las medidas tomadas repercuten negativamente en el ámbito laboral por la pérdida de "miles" de empleos de los interinos

En el ámbito académico las quejas vienen porque el profesorado, al tener que dar dos horas más, deja de hacer funciones de tutoría o atención a los padres

Niños en su primer día de clase en un colegio. / Archivo

Gabilondo, preocupado

El ministro de Educación, Angel Gabilondo, también ha reconocido esta semana que le "preocupa" que los recortes presupuestarios y los planes de austeridad de algunas autonomías afecten al sistema de enseñanza y ha insistido que tanto la educación como las políticas sociales "son una prioridad".

Sobre el aumento de horas lectivas, ha avisado de que también le "preocupa" que la labor del docente se entienda únicamente como la impartición de clases. "Respeto el autogobierno y las decisiones que se adopten", ha señalado el ministro, para añadir que "reducir tutorías y la atención individualizada del alumno resta calidad a la educación".

La vuelta a las clases para los escolares españoles estará marcada por las movilizaciones y convocatorias de huelga del profesorado en varias comunidades autónomas contra los recortes de los presupuestos en educación para este curso, que incluyen el aumento de las horas lectivas del personal docente de los centros públicos de enseñanza no universitaria y la consecuente reducción del número de interinos.

Concretamente, los sindicatos docentes han propuesto en la Comunidad de Madrid una huelga para el 14 de septiembre, aunque volverán a reunirse el día 8 para fijarla, y los de Galicia para los días 21 y 27, además de una manifestación el 9 de septiembre en Santiago de Compostela. Además, no descartan que también se convoquen paros y protestas similares en Navarra, que, aunque ya se produjeron este verano, los sindicatos están a la espera de la reunión de la asamblea el próximo 6 de septiembre para decidir si continúan con las movilizaciones.

En Castilla La Mancha todavía no se han anunciado manifestaciones y huelgas, aunque los sindicatos no las descartan, después de que la presidenta de esta comunidad, María Dolores de Cospedal, se sumara el pasado miércoles a la iniciativa de aumentar las horas lectivas de los docentes como Galicia, Navarra y Madrid.

El aumento lectivo en Navarra será de una hora semanal en Secundaria (de 17 a 18 horas), mientras que en Madrid será de dos horas (de 18 a 20), al igual que en Castilla La Mancha y Galicia, aunque estas últimas también han planteado incrementarlo en Infantil y Primaria dos horas (de 23 a 25 horas) y cuatro horas (de 21 a 25), respectivamente.

Pérdidas de empleo

Según las federaciones de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) y CC.OO (FE-CC.OO) este asunto repercute negativamente en el ámbito laboral por la pérdida de "miles" de empleos de los docentes interinos y en el ámbito académico porque el profesorado, al tener que dar dos horas más, deja de hacer funciones de tutoría o atención a los padres. "Suprimir aulas, reducir servicios educativos, aumentar alumnos por aula y horas del profesorado, amortizar puestos de trabajo hará reducir el gasto, y desde el punto de vista contable será meritorio, pero las consecuencias en educación serán nefastas y contrarias a reducir el fracaso escolar", aseveran desde FETE-UGT.

Desde FE-CC.OO aseguran que estas decisiones autonómicas "son el mayor error" en el que puede incurrir una administración y alertan de que estos recortes "hipotecarán el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación".

También desde CSIF afirman que el resto de comunidades no se han quedado al margen de los recortes, sino que estos han sido "menos mediáticos". En este sentido, advierten de que se traducen en recortes en los programas de apoyo educativo, aumento de ratios, supresión del programa reducción de jornada para mayores de 55 años, entre otros. Según los cálculos de este sindicato, los cambios en Madrid afectará a 3.000 profesores interinos que se van a dejar de contratar, a los que suma 2.500 personas que se dejaron de contratar el curso pasado por los recortes de entonces. Para Castilla La Mancha calculan que alrededor de entre 300 y 500 personas se quedarán sin empleo, a pesar de tener una plaza adjudicada, y en Navarra más de 300.

Los padres, contra los recortes

Los representantes de las principales confederaciones de padres de alumnos no se han quedado al margen de la polémica y se han mostrado "muy preocupadas" por los recortes que algunas comunidades autónomas han previsto para este curso porque, a su juicio, van en detrimento de la enseñanza y generan incertidumbre.

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús María Sánchez, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que si se reduce el número de profesores, los alumnos con necesidades especiales perderán los recursos de apoyo, algo que, a su entender, va en contra de la finalidad de la escuela pública como "compensadora de desigualdades".

Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (Concapa), Luis Carbonel, ha afirmado que recortar en educación es "un error importante", sobre todo, en un país que, según ha recordado, está "a la cola de Europa" en esta materia. "Se agravará el lamentable estado del fracaso escolar en España", ha aseverado.

Ambas confederaciones proponen a las comunidades autónomas sus propias fórmulas de ahorro de presupuesto. Ceapa plantea la eliminación del horario lectivo de la asignatura de Religión y Concapa la de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los dos coinciden en que su propuesta supondría un ahorro en horas y sueldos del profesorado.

De la Chica presume de ser la única comunidad donde crece el número de profesores

El 96% del alumnado andaluz de primaria y secundaria cursará sus estudios en centros financiados con fondos públicos

08.09.11 - 01:26 -

M. D. T. | SEVILLA.

Final del formulario

EL CURSO EN CIFRAS

Alumnos. 1.846.586 matriculados. De los cuales 1.454.982 estudian en colegios públicos, 330.265 en concertados y 61.339 en privados.

Plantilla docente. 120.098 profesores y maestros, de los que 98.168 son funcionarios, 198 más que el curso anterior.

Centros. 6.491 centros educativos, 4.482 son de titularidad de la Junta y el resto son colegios privados.

El nuevo curso escolar andaluz contará con cerca de dos millones de alumnos (1.846.586), de los cuales un 96% cursará sus estudios en centros financiados con fondos públicos, 330.265 de los alumnos en colegios concertados. A partir del lunes, abrirán 6.491 centros educativos con una plantilla docente integrada por 120.098 maestros y profesores, de los cuales 98.168 son funcionarios.

El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, presumió ayer en la presentación de las grandes cifras del nuevo curso que Andalucía es la única comunidad en la que crece el número de docentes funcionarios, en alusión vedada al conflicto que el colectivo de enseñantes públicos mantiene en la Comunidad de Madrid, donde se les exige dos horas lectivas más.

De la Chica dijo que habrá 198 profesores más de los que hubo el pasado año. Este incremento se debe a la oferta de 3.796 plazas de empleo público del pasado mes de junio. Casi todos los que aprobaron ocuparán vacantes, salvo 198, que irán a destinos de nueva creación.

El incremento en sí es pequeño respecto al de cursos anteriores (1.680 en 2010) y al que estaba previsto que hubiera este según los Presupuestos: 680 nuevos maestros. El consejero de Educación explicó que la previsión siempre se hace al alza para que no haya problemas legales si se crean más plazas de las presupuestadas.

Según el consejero, en todos los centros docentes públicos y concertados hay vacantes para alumnos, salvo en ocho. Educación Infantil (0-3 años) es la que más crece en número de alumnos, con 13.268 escolares más. Por contra, se mantiene la tendencia a la baja del alumnado de Secundaria Obligatoria, donde se han matriculado 4.371 estudiantes menos respecto al curso anterior.

Entre las novedades, el consejero subrayó que pese a la crisis la Junta mantendrá las ayudas a las familias, como la beca 6.000 para que alumnos con pocos recursos no dejen los estudios y la gratuidad de libros a 900.000 alumnos. A esta ayuda se incorpora la beca de 400 euros para que 3.000 jóvenes parados con cargas familiares vuelvan a estudiar.

Un total de 158 institutos de ESO han solicitado hacer uso del libro digital, un proyecto ya experimentado en 82 centros el pasado año.

Bases para un pacto educativo de Estado

09.04.08 -

MANUEL FERNÁNDEZ CRUZ

Final del formulario

LA sociedad española ha manifestado reiteradamente la necesidad de consensuar la política educativa mediante la firma de un Pacto Educativo de Estado que comprometa a los sucesivos gobiernos a asegurar la estabilidad necesaria del Sistema Educativo. No sólo los partidos políticos, sino que también las asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones empresariales, otros colectivos docentes y expertos nacionales e internacionales también han reclamado un amplio consenso en materia educativa para España. Y en esta nueva legislatura, que ahora comienza, parecen darse las condiciones para alcanzar ese gran consenso en materia educativa que reclamamos.

Desde mi perspectiva, el consenso, deberá realizarse en torno a los siguientes asuntos clave de la política educativa: estabilidad normativa; aumento del gasto; mejora del rendimiento, cohesión territorial, garantía de calidad y equidad, dignificación de la función docente y apoyo social a la escuela.

El Sistema Educativo Español precisa de una estabilidad normativa que alcance otras cuatro legislaturas sin cambios en las Leyes Orgánicas de garantía del derecho a la educación (LODE) y de ordenación general del Sistema (LOE) Estas leyes deben permanecer en vigor para asegurar el marco normativo estable que la educación requiere para el logro de los fines generales propuestos en sus preámbulos y articulado. Los cambios que sean necesarios en la reglamentación que desarrolla ambas leyes para su adaptación a las nuevas necesidades que se planteen en el futuro, deberán ser necesariamente pactados.

Pese a haber aumentado en términos absolutos en la última década, el gasto educativo en España ha descendido en relación al Producto Interior Bruto, alejándose de la media de la OCDE y de la UE, de manera que, en la actualidad, no se corresponde con el nivel de riqueza relativa de que goza nuestro país. España debe alcanzar en dos legislaturas el nivel de 6% del PIB en gasto educativo. Este incremento debe asegurar la gratuidad total de la educación de 0 a 18 años.

España debe comprometerse en el plazo tres legislaturas a: situar en la media de la OCDE sus resultados en las evaluaciones internacionales de rendimiento escolar (informes PISA y similares) con planes específicos de mejora de la enseñanza de las materias instrumentales (lenguas y matemáticas) y del área científico-tecnológica en educación primaria y secundaria obligatoria; elevar al 70% el nivel de población que cursa estudios post-obligatorios (que sería el 80% entre menores de 34 años); e incrementar el porcentaje de estudiantes que siguen estudios de formación profesional (que ahora son un 36% del total que continúan estudios postobligatorios) hasta alcanzar la media de la UE (55%).

El Sistema Educativo debe ser garantía de la cohesión territorial del Estado de tal manera que asegure la movilidad geográfica y la igualdad efectiva de oportunidades a todos los españoles, ciudadanos europeos y de terceros países con independencia del lugar en que fijen su residencia. Las enseñanzas mínimas ofrecidas por los centros escolares de todo el estado deben garantizar movilidad y cohesión. Al Estado le corresponde, además, realizar una política de compensación de medios y recursos en las zonas más necesitadas y la garantía progresiva de desarrollo de las oportunidades educativas en áreas rurales mediante planes específicos de apoyo a la escuela rural y acercamiento de recursos formativos al hogar del ciudadano. Será necesario, además, un Pacto Local para la implicación de los municipios en la mejora de la educación con la atribución de nuevas responsabilidades en la oferta de actividades educativas complementarias en los recintos escolares durante todo el año.

La calidad y equidad del Sistema Educativo no han de ser finalidades alternativas sino complementarias. No hay calidad en un sistema que no es equitativo, ni equidad deseable que renuncie a la mayor calidad. La Educación primaria y, especialmente, la Educación Secundaria Obligatoria deberán dotarse de la flexibilidad organizativa necesaria y los recursos y personal suficiente para facilitar a todos los alumnos el logro de las competencias que garantizan la consecución del capital cultural, social y humano que como ciudadanos les corresponde y que la UE ha centrado en ocho competencias clave. El Sistema Educativo debe atender con recursos materiales y humanos específicos a los alumnos que pertenecen a grupos de alto riesgo de exclusión social. Las tasas de abandono y fracaso escolar deben disminuir hasta igualarse en el plazo de doce años a la media de la UE.

La dignificación de la función docente permitirá atraer a la profesión en la próxima década a jóvenes que presenten el perfil profesional más deseable. Habrá de reformarse el sistema de acceso a la función pública docente de manera que garantice la selección de quiénes mejores competencias profesionales hayan alcanzado durante su formación inicial. Para hacer más atractiva la función docente es necesario garantizar la recuperación del poder adquisitivo del salario perdido en los últimos diez años con subidas superiores al incremento del IPC y cláusulas de revisión salarial; la formación específica e inclusión de incentivos económicos para el desarrollo de la función tutorial; y el fortalecimiento de atribuciones disciplinarias y apoyo jurídico al profesorado. Además, la dotación de plantillas en los centros en función de las necesidades reales de atención a la diversidad y el cubrimiento efectivo de bajas por enfermedad, debe comprometerse para asegurar un clima adecuado de trabajo docente.

Las administraciones educativas han de extender y generalizar la cultura de evaluación y mejora del Sistema Educativo en su conjunto, de los centros y del profesorado. La rendición de cuentas es la base para la extensión del Pacto Educativo de Estado a la sociedad entera, sus instituciones, los agentes económicos y sociales y los medios de comunicación. Se debe buscar la coordinación de esfuerzos para la integración de la educación formal, no formal e informal en los fines generales que pretende un Pacto Educativo y la complicidad en la mejora de la proyección social de la educación, de la escuela y del profesorado. Volver a ganar, en definitiva, el apoyo social a la escuela sin el cuál la mejor educación no es posible.

Convivencia educativa

ALFREDO YBARRA/

VIOLENCIA en las aulas, el enfrentamiento a las normas, conflictos de convivencia, falta de respeto a profesores, desencuentro entre profesores y padres, pérdida de ciertos valores educativos en la familia que influyen en el centro educativo, Algo pasa en la escuela, aquí, en Jaén, en Andalucía y en todo el territorio español. El ministerio de Educación ha empezado a debatir con los sindicatos de profesores más representativos las líneas generales de su plan nacional para promover la convivencia en las aulas. Entre las medidas que comenzarán a perfilar en dicha reunión, y apenas unos meses después de la aprobación de la ley orgánica de Educación, se encuentra la revisión de la legislación básica para adaptarla a la nueva situación que se vive en las escuelas en los últimos años. Además, se pretende impulsar la mediación escolar, algo que creo fundamental. El ministerio apunta a la necesaria coordinación con las autonomías en este asunto, en el que todos estamos de acuerdo en que es necesario un marco de medidas que procuren poner freno a una situación que poco a poco está crispando todo el sistema educativo. Hay que plantear un camino de cordura, serenidad en los centros y una prédica social que señale protocolos de actuación más firmes, más reglados y más consensuados socialmente. Estas estrategias de educación en la convivencia estarán al alcance de las comunidades autónomas, los centros y los profesores. Con el fin de mejorar el déficit de información sobre la convivencia escolar y el aprovechamiento de los recursos, la administración anuncia también la promoción de investigaciones al respecto y la creación de un observatorio estatal de la prevención de los conflictos. El plan parte de asumir una mayor disciplina, pero también de unos caminos mediadores, aunque si el problema lo dejamos en el centro educativo, mal camino vamos a llevar.

Y es que no cabe duda de que el conflicto educativo parte de un problema social. Por ello, en su resolución debe estar implicada toda la sociedad. La conflictividad de las aulas no es un problema de la escuela que sólo desde la institución escolar deba ser abordada. Sin embargo, resulta sorprendente que, estando todos de acuerdo en el origen social del problema, todavía las propuestas educativas que se ofrecen en la prevención y resolución de los conflictos se centran, casi exclusivamente, en actuaciones en el ámbito escolar. Y no es aquí donde la intervención educativa debe tener un carácter prioritario, ni mucho menos exclusivo. No es la escuela el factor más importante en la génesis de los conflictos, sino el medio social, y más en concreto la familia.Ahí es donde hay que incidir. Pero ¿sólo tenemos que esperar el plan del ministerio? Se trata de un tema bastante peliagudo en el que deberíamos de intervenir desde aquí, desde Jaén, desde Andalucía, con más ideas, con más proyectos y planteando un marco de valores sociales diferente.

Los retos educativos

07.09.08 -

ALFREDO YBARRA

Final del formulario

NO sé si la cerrazón maniquea de los políticos pudiera en algún momento dar a luz un acuerdo nacional sobre la Educación, que deje a ésta tranquila durante una buena temporada. Entiendo que la educación no pueda ser neutral, no puede serlo, como el periodismo, o las opiniones. Con tantos desórdenes sociales y desequilibrios en orden general, humanamente hablando y donde los valores humanos universales son una moneda de cambio y juego demasiado atractiva para quienes manejan nuestro devenir, decir que hay que optar hacia la neutralidad, tal vez sea una impostura. A lo que si debemos de tender en la educación es a una formación integral independiente del fuego cruzado de los políticos y los sectores que conforman la locomotora de la sociedad. Con independencia del color político, los cambios a los que tendemos con harta frecuencia se aprovechan siempre para deshacer lo que se hizo antes y resulta quimérico desear que, algún día, exista un acuerdo nacional sobre Educación, porque siendo la escuela uno de los lugares más directos para ejercer influencia, el poder no puede dejarla en manos de maestros y profesores, a no ser que sean sumisas correas de transmisión, lo mismo que intenta no dejar los medios de comunicación en manos sólo de profesionales independientes.

Conozco lo suficientemente bien la escuela para saber que tal como se estructura hoy y dados los planos sociales y familiares actuales, la institución educativa no puede por sí sola acabar con la violencia que se da en los centros educativos entre los alumnos y el desencuentro frecuente con padres. Soy bastante escéptico en considerar que un plan de estudios podría haber evitado que unos jovenzuelos agredieran al conductor de un transporte público porque les indicó que no se podía fumar en el vehículo. La escuela no puede imponerse a la dejación de los padres en materia de ciertas responsabilidades para con sus hijos. Igualmente, lo he dicho en bastantes ocasiones, la sociedad no está preparada para readaptarse por sí misma para mejorar los horarios familiares y dejar paso a una vida familiar más vivencial, con intermediarios que ayuden a reajustar la moral, los valores y el humanismo necesarios para funcionar medianamente dentro de unos equilibrios. Los padres están despistados y juegan a la sobreprotección en muchas cosas y a la dejación de ciertas tareas hasta que sus propios hijos empiezan a comerles el terreno de la mala educación. Es entonces cuando los políticos se inventan programas de arriba abajo para poner freno a la crisis de la autoridad paterna y a su desembocadura traumática en la vida escolar. Y es entonces cuando los expertos, entre otras cosas, piensan en una nueva asignatura llamada Educación para la Ciudadanía. Esto en sí no puede ser una solución mágica, pero, algo es algo. Ser ciudadano es una vocación compartida. Ser un mal ciudadano debería ser una lacra que conllevara un desprestigio o, como hacían los antiguos griegos, el ostracismo.

No somos griegos y de ahí que echemos mano de la Educación para la Ciudadanía. Pero resulta que hay tantas ideas de ciudadanía como ciudadanos y el maniqueísmo político encuentra aquí otro nuevo campo donde tirarnos los guijarros. Algunas comunidades autónomas, las regidas por el PP se niegan a impartir esta asignatura, cuando puesta sobre el tapete, con la mirada independiente, es una asignatura bienintencionada, como bienintencionado es ese derecho fundamental, inalienable, de la libertad de cátedra y la libertad académica.

Hay ocasiones donde saltan las noticias de padres musulmanes que no quieren que sus hijas escolarizadas hagan gimnasia ni música, y entonces todos nos llevamos las manos a la cabeza y expresamos las bondades de Mozart y de Nadal. Y es que deberíamos de determinar con rotundidad que los valores de la escuela son valores en sí mismos. Convertir la educación en un campo de batalla es un tremendo error que desestabiliza la formación integral de los futuros ciudadanos. El curso escolar está ya a la vuelta de la esquina y es hora de enseñarles a muchos que van a querer campar por sus fueros y desatinos, que no se trata de colores políticos, sino de buenos y malos ciudadanos.

Mientras, es necesario ante todo oír a los profesionales, porque la Educación no tendrá verdadero remedio hasta que no se recupere el valor del esfuerzo, de la dificultad que es posible vencer y de la admiración y respeto por el maestro a la par que se creen cauces sociales que estimulen y reconduzcan los roles educativos en la familia. El mejor proyecto educativo de la historia de España surgido en la segunda mitad del siglo XIX, la famosa Institución Libre de Enseñanza, tuvo que apostar por un proyecto educativo estimulado por la ilusión, el tesón, el reconocimiento de muchas normas, el esfuerzo, la humildad y el deseo de abrir nuevos caminos, donde los valores humanistas y estéticos tuvieron mucho que ver, junto con lo que hoy llamaríamos motivación de los sentimientos, a grosso modo. Del espíritu institucionista han surgido los mejores intelectuales españoles, no sólo de letras como con frecuencia se cree, también los mejores científicos desde Ramón y Cajal a Severo Ochoa, o apasionados por las nuevas tecnologías, como Buñuel.

El Gobierno estudia un nuevo plan educativo que apuesta por la calidad del profesorado

Gabilondo ha dejado entrever que entre los puntos que presentará en tres semana figuran potenciar la autonomía de los colegios

17.06.10 - 19:26 - EFE | MADRID

Final del formulario

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha anunciado que el Gobierno aprobará en los próximos días un plan de acción inmediata con medidas que contribuyan a mejorar la educación y los centros de enseñanza, y que estaban contenidas en el fracasado pacto de estado.

Gabilondo ha hecho este anuncio en el acto de entrega de los premios 'Marta Mata' 2009 celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que se ha comprometido a contar con la comunidad educativa para llevar a cabo los cambios proyectados. Según el titular de Educación, el Consejo de Ministros aprobará el Plan de Acción Inmediata para la Educación 2010-2011 en un plazo máximo de tres semanas, aunque ha apuntado que podría ser "quizá, en una semana".

Aunque no ha dado más detalles, ha dejado entrever que potenciará la autonomía de los centros educativos y fortalecerá la figura del profesor, aspectos que ya estaban recogidos en el pacto de estado que finalmente no salió adelante por el rechazo del PP. Después de que no prosperara al pacto educativo tras meses de negociaciones, Gabilondo ha confesado sentirse "hoy más lleno de fuerzas y de razones" para acometer las reformas necesarias sobre el que se asiente el modelo educativo para esta década. "El Ministerio, ni estuvo cerrado antes de intentar el pacto, ni se cierra cuando no ha sido posible el pacto", ha dejado claro.

El responsable de Educación ha abogado por un modelo basado en valores como la equidad, el esfuerzo, la ilusión y la calidad y que valore la labor de los profesores, sin los cuales, ha dicho, "no hay nada que hacer". "Tenemos extraordinarios docentes. Lo creo y lo digo", ha dicho Gabilondo, quien ha censurado a aquellos que hacen "gracietas superficiales y frívolas" sobre este colectivo. También ha defendido que el sistema sea "flexible", porque "un modelo rígido es siempre un modelo agotado". "No apertura y no flexibilidad es el fin de la educación", ha apostillado.

«Cambio de cultura educativa»

Por último, el ministro se ha mostrado partidario de respetar la autonomía y la "diversidad" de los centros educativos. "No queremos que todos los centros en España sean idénticos. Queremos que todos los centros en España sean diferentes, pero que tengan los mismos derechos: derecho a la diferencia sin diferencias de derechos", ha explicado.

Gabilondo ha opinado que seguirán sin tener éxito los intentos de pacto si antes no hay "un cambio de cultura educativa". Ha reconocido que el trabajo bien hecho de los profesores y la implicación de las familias "a veces garantiza mejores resultados educativos que otros que pueden obedecer a coyunturas legales". El ministro ha asegurado tener plena confianza en la comunidad educativa y en que existe un buen punto de partida para avanzar. "La educación no es un desastre. Es mejorable, hay muchas cosas que no hacemos bien, pero no es un desastre", ha concluido.

El ministro ha proseguido: "Ya sé que hay que cambiar las leyes y que hay que cambiar las políticas educativas, y los ministros de Educación deben ser mejores, es verdad, pero cuando se hacen las cosas bien y se hacen bien en los contextos en los que estamos, los resultados son evidentes".

Asignatura pendiente

España busca la fórmula para reducir las altas tasas de abandono y fracaso escolar, con la peor recesión económica como trasfondo

05.02.10 - 01:55 -

ARANTZA PRÁDANOS

Si no tienes ni el título de ESO estás muerto; eres el último mono, es que ni te miran». A Marcos T., 19 años bien cumplidos, no se le espera estos días en el despacho del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para la ronda de contactos en busca de un pacto educativo, y tampoco ha elaborado sesudas teorías sobre la deriva del sistema de enseñanza. Sin embargo, el chaval encarna de arriba abajo el primero de los males de la educación en España; el abandono prematuro de los estudios una vez concluida la etapa obligatoria, a menudo sin titulación y siempre sin cuantificación para lanzarse con mínimas garantías al ruedo laboral. Décima arriba, décima abajo, un 31% de los jóvenes entre 18 y 24 años no terminó la Secundaria superior -Bachillerato o FP media-, el doble que la media europea. Sólo Portugal y Malta están peor. El fracaso escolar es un fenómeno más amplio, pero su síntoma más grave es justo esa deserción masiva de las aulas de la juventud española. El dato no es nuevo, pero sus efectos se magnifican ahora, en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas. Cuando han dejado de abrirse nuevos tajos, cierran los negocios que otrora florecían como setas, el turismo se resiente y el paro vapulea sobre todo a los trabajadores peor formados. En este contexto, el título de la ESO que corona la etapa obligatoria a los 16 años es casi una carta de ciudadanía. Por eso mismo Marcos, como muchos otros jóvenes con poco apego por los libros -todavía no hay cifras oficiales, pero la tendencia es clara- intentan volver a subirse al tren educativo. En su caso, aferrado a los libros de una academia privada en la madrileña Plaza de Callao. Otros llaman a las puertas de cursos formativos específicos, de módulos de FP o de la universidad a distancia. El axioma es irrebatible: cuanto mejor formados, más escapan de las garras del desempleo. Según Eurostat, el paro se dispara hasta el 21,7% entre los españoles de 25 a 64 años que tienen sólo estudios básicos, primaria o ESO. Entre los titulados universitarios o en FP superior, el desempleo es inferior al 9%. Mientras, fuera de las aulas y de las oficinas del INEM suena como runrún de fondo el pacto educativo que busca el Ministerio de Educación. Ángel Gabilondo pretende tener un texto listo a finales de este mes, consensuado con buena parte del espectro político, sindicatos y comunidad educativa. Un acuerdo de Estado, o casi. Por primera vez parece factible. Hay unanimidad en que así no se puede seguir. «Ahora no tiene sentido mirar atrás y ponerse a ver si la culpa es de la LOGSE, de la LOCE o de qué, sino de unir esfuerzos y dejar trabajar al ministerio», reclama José Campos, responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO.

Los primeros textos ya están sobre la mesa. Se adelantó el PP con una propuesta de Mariano Rajoy firmada por seis autonomías gobernadas por su partido para separar a los niños en el último curso de la ESO (15 años) entre los orientados al Bachillerato y a la FP. Los populares quieren, además, mayores garantías jurídicas para la enseñanza en castellano en las comunidades bilingües, un estatus que convierta en 'autoridad pública' a los docentes, como ha hecho Madrid y, sobre todo, el derecho a que cualquier centro privado se convierta en concertado. Educación respondió con el silencio y un documento base abierto al diálogo, pero distante en puntos esenciales. El Gobierno mantiene un 4º curso de ESO 'bifronte', con una vía de salida hacia la FP y otra hacia el Bachillerato a partir de los 16 años, no prevé legislar sobre la autoridad docente y, sobre todo, propone supeditar cualquier cambio educativo en el futuro a un acuerdo mayoritario de al menos dos tercios del pleno del Congreso. Un texto «con voluntad de pacto», repite Gabilondo.

La propuesta se fija además unos objetivos ambiciosos de cara al futuro. Que en 2020 el 85% de los jóvenes haya cursado al menos el Bachillerato o la FP de grado medio; alcanzar en 2015 la media europea en gasto educativo -el 5,4% frente al actual 4,9%, que necesitaría una inyección extra de fondos de unos 11.00 millones de euros-; mejorar los mediocres resultados educativos del alumnado español de Secundaria -la competencia en lengua, lectura, matemáticas, ciencias...- que tanto los afean los sucesivos informes PISA, y recuperar mediante un sistema de 'pasarelas' y vías de reentrada a buena parte de esos jóvenes que ahora dejan las clases antes de tiempo. «Es esa etapa postobligatoria la que necesita mayor reflexión, en la que más alumnos se desenganchan. Hay que reorganizar el curriculum del Bachillerato; no rebajar los contenidos, sino dar más tiempo a algunos alumnos que lo necesitan, y flexibilizar la FP», rubrica Carlos López Cortiñas, secretario de FETE-UGT. «Tenemos uno de los sistemas educativos más rígidos de Europa», lamenta Campos. «Lo estamos viendo con niños en zonas costeras, con la llamada de la construcción y el turismo, que se salieron en su momento y ahora están parados porque son los primeros que caen del mercado de trabajo debido a su falta de formación y cualificación».

El Ministerio de Educación se rebela ante los análisis derrotistas y la insistencia en el fracaso sin paliativos del sistema educativo. «No se puede decir eso sin tener en cuenta de dónde venimos».

De una situación histórica de atraso, cierto, que se ha salvado con una de las mayores tasas de titulados universitarios de Europa y gran igualdad de oportunidades para acceder a todos los niveles de la educación. Si en 1997 un 32% de los españoles entre 25 y 64 años tenía educación secundaria post obligatoria o superior, en 2007 era ya el 51%. También ha bajado, en el otro extremo, el número de quienes se quedan sólo con los estudios obligatorios, del 69% al 49%. Hasta el mismo concepto de fracaso escolar es difuso, relativo y cargado de negatividad incluso para expertos como Álvaro Marchesi. «Alguna cosa buena les debe de haber pasado en sus años escolares», explica en un informe de la Fundación Alternativas.

El modelo finlandés

Como sea, el caso es que España está lejos de ser una potencia educativa a la altura de su ahora menguado poderío económico. «Y eso es una vergüenza. Si un país no es más potencia educativa que económica no tiene futuro. Y en el tema educativo no estamos ni en el número 20 de la tabla», recalca el sindicalista Campos.

Si el sistema educativo con todas sus implicaciones sociales, económicas, laborales, no responde a las exigencias de un mundo globalizado y una economía cada vez más competitiva, el mañana se presenta incierto. Urge un cambio de modelo, dicen los expertos. Más calidad en la educación, más y mejor Formación Profesional y menos licenciados universitarios. España tiene hoy más titulados superiores que Alemania con casi la mitad de población. La educación Secundaria y el Bachillerato son la clave para reencauzar el sistema educativo, pero los desequilibrios, las carencias se han de corregir antes.

El espejo en el que se quiere mirar el sistema español es el finlandés. Los estudiantes fineses obtienen las mejores calificaciones PISA, la inversión pública en educación rebasa el 6% del PIB en un país de apenas 6 millones de habitantes, y su cuerpo docente es uno de los mejor pagados del mundo. «Es algo que debemos copiar. En Finlandia las notas de corte para entrar en la Universidad y estudiar la carrera docente son las más altas y ahí ya seleccionan a los mejores, con mayor vocación, que son los que van a enseñar a las siguientes generaciones. Y el valor social de la educación, que es allí un tema de consenso. Aquí llevamos 30 años de cambios en las leyes y de confrontación partidista», subraya Campos. Un país, como otros, donde la cultura del esfuerzo aún manda, en la esfera pública y privada. Y es en ese punto donde los sociólogos añaden un ingrediente más al necesario acuerdo educativo en España. «Nuestra cultura pública se ha llenado de arribistas, los que salen en los medios de comunicación, que no han hecho nada para ganárselo, y se sube a los altares a esposas, maridos, amantes de. Eso choca de frente con un principio básico del sistema educativo, que es el mérito. Allí donde no se aplica ese principio no es posible un sistema educativo eficaz», reflexiona Fernando Vallespín, catedrático de la Autónoma de Madrid y anterior director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A su juicio, no basta un pacto político que transforme el sistema educativo, sino un contrato social que toque también al espacio público e incluya a agentes socializadores cada vez más potentes, como los medios de comunicación. Si no, otro tipo de reformas por sí solas no serán suficientes. Lo que está en juego es mucho». Dicho queda.